El pasado miércoles, 6 de julio, el Departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), presidido por ASINTRA, se reunió con el director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, Manel Villalante, y con el subdirector general de Tráfico y Movilidad del Ministerio del Interior, Federico Fernández Alonso, para analizar la situación de los diferentes sectores que componen este Departamento.
En primer lugar se agradeció al anterior presidente, Lorenzo Chacón, la labor desarrollada al frente de este órgano, así como se le deseó una pronta recuperación por parte de todos los miembros.
Entre los temas principales del transporte en autobús, se trasladó a la Dirección General de Transporte Terrestre la profunda preocupación existente por la reforma de la Directiva 2003/96 que regula la fiscalidad de la energía que, de seguir adelante con su actual redacción, supondrá para España un incremento del precio por litro de gasóleo de entorno al 8%, a lo que habría que añadir el correspondiente IVA.
En cuanto las empresas de transporte que usan gas natural como carburante, la propuesta supondría un incremento de más del doble del soportado en la actualidad, en un momento en que las empresas y las Administraciones están realizando una clara apuesta por esta energía, como forma de reducir las emisiones de CO2.
De este modo, el Comité ha pedido que dentro de las excepciones contempladas en el artículo 15 de esta Directiva se incluya, además del trolebús, tranvía, metro y ferrocarril, al autobús, por ser el modo más universal, cercano, accesible y sostenible.
Por otro lado, se abordó el tema del aumento del déficit por parte de las Administraciones Públicas, que obliga a un mayor endeudamiento de las mismas para taparlo y a hacer frente a sus gastos corrientes, incumpliendo sus compromisos de pago. Este incremento de la morosidad, unido al recorte del crédito por parte del sistema financiero, está provocando que los pocos recursos que hay se destinen al sector público en detrimento de actividades empresariales, como el transporte colectivo, en especial del urbano y del regular de uso especial. El resultado es que las empresas están teniendo enormes problemas de financiación que les están impidiendo afrontar incluso sus gastos corrientes. Muchas de ellas están viendo demoras en los plazos de pago de más de ocho meses, en ocasiones hasta superar el año. Todo ello supone una pesada losa sobre nuestras empresas, que les está abocando a una crítica situación.
En este sentido, el Comité considera prioritario articular los mecanismos necesarios para que las Administraciones sean las primeras cumplidoras de sus compromisos de pago a sus proveedores, cuando además se trata de un servicio público esencial, como es el transporte en autobús. Así se propone la elaboración de una ley que contemple la financiación del transporte público.
Igualmente el CNTC ha solicitado a la Administración una revisión extraordinaria del 5,5% de las tarifas de los servicios regulares de uso general, ante la complicada situación que atraviesa, motivada principalmente por tres causas:
• El incremento de los costes, especialmente provocado por el fuerte aumento del precio del combustible, que representa la segunda componente de la estructura media de costes de estos servicios, con un peso del 24% sobre la totalidad. En los últimos 10 años el incremento total de costes ha sido del 4,9%, de los que el 2,6% corresponden al combustible.
• El continuo y contrastado descenso de la demanda, que se fija en un 20% acumulativo en el período 2006-2010, tendencia que sigue produciéndose este año.
• Asimismo, la tarifa media al usuario ha descendido un 10,8% en los últimos tres años, como consecuencia de los esfuerzos realizados por los concesionarios para tratar de reactivar la demanda.
Todo ello ha provocado un cambio en la relación con la variación de las tarifas, provocando el correspondiente desequilibrio económico de esta clase de servicios.
En cuanto a los servicios de transporte discrecional, regular de uso especial y turístico, se ha demandado que se impulse el Plan PLATA II, con el compromiso de la Dirección General de Transporte Terrestre y de las Comunidades Autónomas, en él se recogen un conjunto de medidas que contribuirán a la estabilidad de estos servicios, que precisan un marco de apoyo que fomente su consistencia económica.
A la Dirección General de Tráfico se le trasladó la necesidad de las empresas de transporte de viajeros por carretera de conocer los saldos de puntos de sus conductores profesionales, ante la posibilidad de que pierdan todo su crédito, con el desconocimiento por parte de la empresa de transporte.
También se le solicitó conceder a las empresas de transporte la posibilidad de realizar ellos mismos controles de alcoholemia y de drogas a sus conductores antes de efectuar un servicio.
Fuente: Asintra
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