La isla tiene 900.000 habitantes y 21 municipios, que hay que atender "con un transporte público modernizado, que llegue a todos los rincones en colaboración con los ‘taxis guagua’ para aquellas zonas de más difícil acceso", comentó la consejera. Trabajan siete operadores, dos más grandes y cinco más pequeños, con los que se firman contratos-programa por periodos de cuatro años. "La gran dificultad de este sistema es el reparto, porque la ayuda del Estado llega a final de cada ejercicio, por lo que es dinero que hay que adelantar. Además, en los últimos años hemos sufrido una caída de la demanda del 24%, que se suma al incremento del precio del combustible", mencionó.
Tomó el relevo la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila Mamely, quien recordó que sus atribuciones comprenden todos los modos de transporte, "lógico en nuestras islas", y apuntó que el PIB del archipiélago se basa en un 80% en el sector servicios (del que un 11,2% corresponde al transporte). La población ha aumentado mucho, hasta los 2,1 millones de personas, y el turismo supone la llegada de 12 millones de personas a las islas, de las que 9,5 son extranjeros. Y eso, que cada isla tiene sus propias competencias en transporte terrestre e interinsular, con el apoyo normativo genérico del Gobierno regional.
Los objetivos generales serían los de garantizar la movilidad mediante la intermodalidad (por ejemplo, más de seis millones de viajes entre islas por autopistas del mar), pero sin atentar contra el medio ambiente, ya que el 50% del territorio de Canarias está protegido. Apostó Dávila por un futuro billete único interinsular y por lograr un cambio social sobre el vehículo privado: "En Canarias, tenemos la media europea más alta de Europa, con siete vehículos por habitante. El uso del autobús se asocia a las rentas más bajas".
Por lo que respecta al discrecional, la realidad es muy distinta en cada isla. Por eso es tan importante la mesa de diálogo del transporte, la actualización semestral del Observatorio, las bonificaciones al gasóleo profesional y los acuerdos con el escolar, que concedieron estabilidad al discrecional. Por último, destacó los esfuerzos del Eje Transinsular, creado en 2005, que es de carácter integrador, más allá de quien tenga las competencias.
Ana Naranjo, coordinadora del Plan de Transportes de Extremadura, mencionó que el Gobierno de Extremadura es "consciente de su responsabilidad para establecer y conseguir un sistema más eficiente y seguro, que impulse el desarrollo económico y favorezca la cohesión social y territorial, preservando el medio ambiente", por lo que tiene en desarrollo distintas acciones junto con el Sector.
En Extremadura están vigentes diferentes acciones relacionadas con los Sistemas Inteligentes de Transportes, como los conocidos SATE (Sistema Avanzado del Transporte); RITEAX (Red Información del Trasporte en Extremadura) o SIGETEX ( Sistema Central de Gestión del Transporte en Extremadura), a los que se ha sumado recientemente el SUPEX (Sistema Unificado de Pago del Transporte en Extremadura), que se constituye como la segunda fase del proyecto SIGETEX, y que consiste en el suministro e implantación de un Sistema Unificado de Pago para el transporte regular en Extremadura. "Esta Administración está realizando todos los esfuerzos posibles por poner en marcha en su totalidad todos los proyectos descritos, para lo que resulta necesario que el pequeño porcentaje de concesionarios que aún no se han integrado se adhieran al mismo, constituyendo la base para que, en un futuro, pueda ser implantado el billete único mediante el cual el ciudadano podrá viajar en distintos modos de transporte con un solo título de viaje", concluyó.
Autoridad única local
Enrique Caballero, gerente de la AUTGC, centró su intervención en la sostenibilidad económica, "la más importante en los tiempos que corren". Recordó que en siete años, desde 2003, los viajes se han reducido de 70 millones a 53, por lo que una de las principales preocupaciones es "trasvasar viajes de otros modos al regular". La circunvalación de Las Palmas no ha ayudado, ni la crisis ni el incremento del paro, hasta una tasa del 30%, que incide en un menor uso del transporte regular. Como soluciones, mencionó la necesidad de cambiar el marco económico que regula la relación entre la Administración y los operadores, la tarjeta única (que duplicará los usuarios), la mejora de las paradas preferentes (en las que confluyen más de cinco líneas), los intercambiadores de las marquesinas…
Cerró la mañana Juan Iranzo, catedrático de Economía y vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos. Reconoció el mal momento de la economía, pero dijo que "hay solución", siempre que el camino pase por el sector exterior. Pero hay soluciones, que pasan por una consolidación del gasto que no se puede hacer por la vía de los impuestos, la profunda reforma de las Administraciones públicas y la mejora de la competitividad mediante la modificación del sistema financiero. "Hay que restaurar la unidad del mercado entre autonomías, reduciendo la disparidad de las normas regionales que crean lo contrario a las economías de escala, invertir en I+D, pero para mejorar, e invertir en infraestructuras, pero con cuidado y sin despilfarrar. Por eso, el AVE no debe recibir ni un euro más, algunos aeropuertos deberían ser cerrados y apostar por el transporte de mercancías por ferrocarril y por mejorar las carreteras. Y, sobre todo, no tocar lo que funciona, como el sistema concesional de transporte público, que lo ha demostrado".
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